A estas alturas resulta una
evidencia que en la campaña de las elecciones andaluzas el Partido Popular se está
centrando monotemáticamente en la explotación del famoso caso de los ERE, en
el que el Gobierno de la Junta, aun a su pesar, se encuentra envuelto.
El Partido Popular se ha
encontrado, otra vez, con el regalo inestimable de la plena actualidad de un
caso judicial que apunta a su adversario, y cuya trascendencia mediática, importancia
y gravedad, van a pesar inevitablemente en la decisión electoral de un buen
número de andaluces, quien sabe si hasta el punto de decantar el ajustado
resultado que vaticinan las encuestas.
Si consideramos que en cada cita
electoral los ciudadanos evalúan la gestión de sus representantes, es evidente
que la irrupción de tan turbio asunto en la campaña deja perjudicados y
beneficiarios directos a su paso.
Se podría pensar que cada cual es
responsable de sus actos, y que si alguien ahora se ve perjudicado es porque
antes consintió o no supo ver el escándalo. Esta visión parece razonable, pero
también la percepción de una preocupante sincronía entre las actuaciones
judiciales del caso y los últimos procesos electorales.
Si hacemos un poco de memoria podremos
recordar que el escándalo de los ERE plantea una primera controversia judicial
justo en los meses previos a la celebración de las últimas elecciones
municipales, cuando la jueza que instruye el caso decidió reclamar a la Junta de
Andalucía la remisión de las actas del Consejo de Gobierno, dando lugar a conflicto
de competencias que hubo de zanjar el Tribunal Supremo.
Al margen de las disquisiciones
jurídicas, la dimensión política de la controversia tuvo su propia dinámica y
efectos, pues permitió al Partido Popular explotar electoralmente el sorprendente
argumento de que continuando en poder de la Junta no se garantizaba que las
actas no fueran manipuladas. Aquella petición dejaba caer una sombra de sospecha
sobre un poder del Estado cuya legitimación democrática es cuando menos igual a
la del órgano judicial que las reclamaba.
Resuelta la controversia sobre
las actas la instrucción judicial continuó su curso sin grandes sobresaltos,
hasta que a mediados del mes de noviembre, apenas cinco días antes de que se
celebraran las elecciones generales, la jueza dictara un auto en el que apuntaba
responsabilidades de Griñán, Presidente de la Junta y máximo dirigente de los
socialistas andaluces.
Ello dio pie a que Alfonso
Guerra, unos días antes de que aquello trascendiera, denunciara una “dosificación
del calendario judicial”, al tiempo que apuntaba la existencia de ciertas relaciones
entre la jueza y el alcalde de Sevilla y destacado dirigente del partido
popular, las mismas que fueron contundentemente protestadas pero nunca
desmentidas.
Así las cosas, pasadas las
elecciones generales y constatado el retroceso electoral del Partido Socialista
y la espectacular progresión del Partido Popular, el caso de los ERE vuelve a
retomar un curso más o menos sosegado que le lleva hasta estos días, cuando
coincidiendo con el inicio de las elecciones andaluzas la jueza decide oír en
declaración a los implicados en la trama, provocando un paseíllo judicial que
copa las portadas de los principales medios, y que concluye en un auto que
decreta la prisión provisional del principal inculpado, entre cuyos fundamentos
se deja caer la sospecha de que en el escándalo están implicadas las instancias
políticas del gobierno.
Esta oportuna dinámica procesal puede
que sea la normal consecuencia del aséptico trabajo de una jueza cuya única y
exclusiva finalidad es impartir justicia ciegamente, sin reparar, por mor de
esa ceguera, en cuáles puedan ser las consecuencias, ni quiénes sus
perjudicados y beneficiarios.
Sin embargo el planteamiento del
agravio resulta inevitable cuando asistimos, por ejemplo, a otras decisiones de
parecido calado, como fue la de juzgar al Sr. Camps, que el Tribunal decidió, ¿acaso
con mal criterio?, posponer hasta que las elecciones se hubieran celebrado.
Es verdad que las cosas no
siempre son lo que parecen, aunque lo parezca.
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