Para quien no me conozca he de decir que pertenezco al Partido Socialista desde hace muchos años, y continúo perteneciendo más por afinidad con los ideales que representa que por una completa coincidencia con sus prácticas de partido y de gobierno. Soy por tanto un militante del partido, pero no un legionario dispuesto a vitorearlo ciegamente.
Hace unos días participé en una reunión en la que se nos informaba sobre la Conferencia Política que el partido piensa celebrar, creo que en el próximo mes de octubre o de noviembre, con el objetivo de plasmar un proyecto de cara a los próximos años, con especial atención a los graves problemas que la sociedad española está atravesando.
En principio parece que la iniciativa resulta irreprochable. No obstante yo intervine para objetar si, en la situación política en que nos encontramos, celebrar esa conferencia resultaba lo más conveniente. Fue una intervención improvisada, apenas meditada y sugerida al hilo de las explicaciones que se nos estaban dando; sin embargo, desde entonces varios compañeros me han expresado su acuerdo, lo que me anima a exponer y compartir estas reflexiones.
Objetaba yo que convocar una conferencia de esas características podía poner en evidencia que el partido carecía de ideas y soluciones adecuadas a los problemas que tanto preocupan a los ciudadanos, y añadía que si algo caracterizaba la compleja y dolorosa situación que atravesamos, es que la ciudadanía está lanzando mensajes muy claros y exigiendo medidas muy sensatas, a las que el partido no estaba respondiendo con la necesaria convicción.
A título de ejemplo me refería a la regulación de la dación en pago, una figura de justicia elemental que rige en otros muchos países sin plantear graves problemas, ante la que, sin embargo, el partido, al margen de haberla considerado inviable cuando estaba en el gobierno, ahora se ha limitado a formular una fallida propuesta de acuerdo que, aun habiéndose alcanzado, en realidad a nadie contentaba.
La dación en pago es hoy, siempre debió serlo, una exigencia social a la que un partido socialista no debiera dar tantas vueltas. Adoptarla comportará sus riesgos, pero mantener la actual situación significa perpetuar una injusticia sangrante a la que la ciudadanía, al margen de ideologías, está exigiendo, a gritos, poner de una vez punto final.
Para tomar una posición política al respecto, al igual que sobre la necesaria modificación de los desahucios, no hace falta una conferencia política, hace falta simplemente convicción y decisión para incluirlas con claridad en un proyecto y un discurso alternativo.
Lo mismo podría decirse respecto de el problema de organización territorial que España tiene planteado. Sin entrar a considerar, por resultar estéril en estos momentos, las causas y las responsabilidades de quienes las tienen, lo cierto es que el Estado debe afrontar un sentimiento independentista que no puede ser ignorado, pero que también debe ser conciliado con la conciencia de unidad nacional que subyace en la inmensa mayoría de los españoles. Ante ese conflicto pienso que el modelo federal puede servir para conciliar ambos sentimientos. Creo que el partido acierta al plantear de este modo la solución al problema. Pero para convertir esa propuesta en una realidad política no es necesaria ninguna conferencia, porque la respuesta federal es ampliamente compartida en el seno del partido. Para que el modelo federal se convierta en una alternativa que ofrecer a la ciudadanía lo que es necesario es una acción política: negociar y plasmar un acuerdo claro entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña, y después explicar muy bien en qué consiste.
A mi modo de ver los partidos deben liderar la salida a los problemas, esa es su virtud y su utilidad; ser capaces de interpretar el sentir de la ciudadanía y ofrecer una alternativa coherente con sus propios planteamientos ideológicos. ¿Dónde esta aquí el problema? ¿Es necesario organizar una conferencia para formular una alternativa federal que el partido lleva en sus genes?
Otro de los grandes retos que explican la oportunidad de la conferencia es el diseño de un modelo económico alternativo al que están imponiendo los mercados. Este objetivo parece bastante más complejo y pretencioso, y sin embargo para mí no debería serlo tanto si atendemos, insisto, a los mensajes que con toda claridad la ciudadanía está emitiendo.
Los ciudadanos están marcando el camino, como no podía ser menos, y está muy claro lo que quieren. Quieren hospitales y escuelas públicas y de calidad; quieren una justicia eficaz; quieren acceder a la cultura en condiciones asequibles para todos; quieren igualdad de oportunidades; quieren que el Estado ampare la vejez y la dependencia; quieren que se incentive la investigación; que se preserve el medio ambiente. Si en realidad están gritando lo que hace unos meses era nuestro eslogan de campaña y lo que congreso tras congreso recogemos en nuestras ponencias. ¿Cual es entonces el problema? A mi modo de ver aquí subyace un problema de credibilidad. Los sucesivos gobiernos socialistas han hecho mucho por el progreso de España, pero también han renunciado demasiadas veces a aplicar el modelo socialista al que los ciudadanos han dado persistentemente un voto de confianza mayoritario.
Un modelo económico alternativo al que imponen los mercados hace mucho que está inventado. No hay que ir a buscarlo a ninguna conferencia política. Se llama socialdemocracia y en esencia es bastante sencillo. Requiere pagar altos impuestos, todos pero más quienes más tienen; y un sector público fuerte y bien gestionado, en manos de gestores profesionales y no de compañeros de partido; y aprovechar las economías de escala, porque no hay ninguna razón económica que avale que gestionar cinco hospitales sea menos eficiente que gestionar uno solo. La socialdemocracia no es ninguna quimera, es un modelo que está funcionando y que allí donde funciona proporciona las mayores cotas de prosperidad: Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca.
Esta es la propuesta con que el Partido Socialista irrumpió tras las primeras elecciones democráticas. La propuesta de un modelo de sociedad avanzada, con servicios públicos al alcance de todos. Un modelo que prometía justicia social y garantizaba el futuro de las generaciones, el progreso en definitiva. Por eso los ciudadanos le daban masivamente su confianza. Lo que ocurre es que el liberalismo es una tentación a la que resulta fácil sucumbir, y a la que se ha sucumbido demasiadas veces. Y así se llegó a la conclusión de que bajar impuestos también era progresista, un discurso populista que en un momento dado puede arrancar aplausos, pero que ignoraba que se encomendaba la financiación pública a una burbuja inmobiliaria que tarde o temprano habría de explotar, y con ella la sostenibilidad de un sistema de protección social que tanto esfuerzo había costado.
Creo que el debate que ahora necesita hacer el partido es el de si retoma o no las ideas que lo definen, que, repito, son las mismas que la gente reclama con indignación en todas las plazas de España. Pero para hacer este debate tal vez no resulte necesaria ninguna conferencia política. Lo que sí resulta necesario es que haya en el partido y en sus congresos, que para eso están, gente dispuesta a plantearlo.