Los datos del último barómetro que publica El País me parecen previsibles y encierran pocas sorpresas. En el ambiente se palpa una enorme desafección hacia un gobierno que no sólo ha traicionado su programa electoral, defraudando por tanto a sus votantes, sino que percibimos que está causando un sufrimiento social inútil que además nos conduce directamente hacia el fracaso.
Sí me llama la atención que los ciudadanos reclamen una modificación del modelo territorial constitucional, y no precisamente en el sentido centrifugo de profundizar en más autonomía, sino en el contrario de avanzar en hacia un estado más centralizado.
En este asunto me siento a contracorriente del discurso oficial mayoritario, aunque compruebo que no tanto de la opinión que la mayoría de los ciudadanos manifiestan.
Me parece una evidencia que la evolución de nuestro estado autonómico, con sus destellos que sin lugar ha dudas ha tenido, ha plasmado una estructura del poder territorial que la Constitución no exige y, sobre todo, que los ciudadanos nunca han reclamado.
El autonomismo en mi opinión ha sido sobrevalorado y en no pocas ocasiones se ha impuesto allí donde nadie lo pedía, al menos con el alcance con que ha cristalizado. No es que rechace la descentralización por razones de eficacia y acercamiento de la gestión a los ciudadanos, pero el nivel de autonomismo consagrado en determinados territorios me parece artificial y creador de dinámicas políticas que no siempre son eficientes.
Se suele defender que las autonomías han traído el progreso a regiones secularmente olvidadas, cuando no castigadas desde el centro. Es cierto, pero también que el centralismo más reciente lo ejerció una dictadura que sumió en el atraso al país entero. No podemos, con base en esa experiencia, descartar la utilidad de otros modelos democráticos con más poder en el centro.
No soy enemigo de las realidades políticas llamadas identitarias. Las respeto profundamente y estoy dispuesto a defenderlas allí donde sean reales y respondan a las aspiraciones y los sentimientos de los pueblos. Comprendo perfectamente como español la voluntad de autogobierno de Cataluña y Euscadi, pero me parece muy distinta la que se siente en Andalucía o Castilla León por sólo citar dos ejemplos.
No creo que se deba desmantelar el estado de las autonomías; hoy por hoy es una realidad asumida mayoritariamente, pero pienso que una reforma del modelo debería relativizar su alcance y ajustarlo a lo que la sociedad reclama, si es que queremos escuchar lo que los estudios de opinión están diciendo.
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