Que la deriva que ha tomado la política económica del gobierno nos lleva al desastre es una percepción que se hace cada más evidente. No es necesario ser un experto para deducirlo; toda una escuela económica nos advierte que renunciado a la inversión la salida de la crisis no es posible.
Sin embargo, tan grave como esta política suicida de recortes es la falta de un plan de futuro.
El PP carece de un proyecto económico de país y esto es lo que más debería preocuparnos, porque sin un proyecto las sociedades están llamadas al fracaso.
Con cuantas objeciones pudieran plantearse el PSOE sí lo tenía y llegó a plasmarlo en una legislación a la que, con su habitual irresponsable deslealtad, los populares miraron con desdén e hicieron burla: la ley de economía sostenible, un proyecto tan ambicioso como torpemente gestionado.
El PSOE tenía un proyecto aunque cometió el error de encorsetarlo en un texto farragoso que acabó diluyéndolo en una amalgama de procesos y medidas muy diversas, complejas y específicas, más propias de un texto reglamentario que de lo que aquella ley pudo haber sido: la expresión clara y sencilla de un prometedor proyecto de futuro; para colmo de desatinos alguien decidió incluir en el paquete el detonante de una polémica explosiva, la ley Sinde, que terminó acaparando el debate y llevando a un segundo plano el núcleo legislativo.
Abordaba aquella ley la eliminación de obstáculos administrativos y tributarios a las iniciativas productivas; basaba la mejora de la competitividad en el desarrollo
de la sociedad de la información, la potenciación del
sistema de I+D+i y una importante reforma del sistema de formación
profesional que adecuara esta oferta educativa a las necesidades de las empresas españolas; y vinculaba las estrategias de crecimiento a la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el
transporte y la movilidad sostenible, y el impulso del sector de la vivienda, no desde la perspectiva de la nueva construcción, sino de
la rehabilitación de las viviendas existentes.
En tan condensada enumeración de objetivos se vislumbraba un modelo de país que a sus actuales potencialidades económicas, fudamentadas en la industria de automoción, la agricultura y los servicios vinculados al turismo, agregaba un sector de actividad con evidente potencial de crecimiento: la industria de la eficiencia energética y las energías alternativas, en el que España comenzaba a consolidar un incipente liderazgo.
Como modelo productivo se propugnaba, qué nostalgia da pensarlo, el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la
cohesión social, garantizando el respeto ambiental y el uso racional
de los recursos naturales, sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades.
Ese era el modelo proyectado, el mismo que el PSOE no supo trasmitir con la suficiente convicción y claridad.
Mas si nos preguntamos por el modelo económico que preconiza el partido en el gobierno, el vacío
es la única respuesta que nos llega a los oídos. No hay modelo ni
proyecto que no sea el de reducir cuanto se pueda el sector público, en
el propósito esperanzado de que una vez fluya el crédito los problemas
comiencen a resolverse. Es como un acto de fe que precinde de cualquier hoja de ruta. Lo más que se ha podido escuchar es que seran
las PYMES las que en algún momento, y animadas por la facilidad del
despido, se decidiran de una vez a contratar, y así, contrato aquí,
contrato allá, se acabará invirtiendo la tendencia y el paro comenzará a
reducirse. Ese es el modelo del PP, y a ese incierto esquema de ramplona economía al que nos dirigimos.